Leo la columna
que escribió Ricardo Castaneda titulada "El mayor problema de las finanzas
públicas". Para Ricardo, el mayor problema es que no existe participación
ciudadana cuando se toman decisiones de carácter fiscal. Pero este no deja de
ser un diagnóstico romántico del problema. La teoría estándar de la administración
pública hace creer que, si se le deja participar a la "ciudadanía" en
las decisiones de políticas económicas o sociales, esta introducirá en la
agenda pública los temas que le interesan en cuanto "ciudadanía". Se
olvida así que la ciudadanía, entendida como una aglomeración de individuos que
gozan de las mismas libertades e igualdades formales, no existe. Lo que moldea
a las sociedades en su interior, en su núcleo mismo, son las clases sociales:
segmentos de población profundamente desiguales en lo material y en lo
simbólico y con intereses antagónicos. Al respecto, Holloway sostiene: «El
concepto de ciudadanía se basa en [sic], y refuerza, un cuadro ideológico que
muestra una sociedad compuesta por una masa de individuos iguales, cuadro que niega
la existencia de clases estructuradas de forma antagónica». A nuestro juicio,
mientras no exista mayor participación ciudadana en los mercados básicos
(en el laboral, por ejemplo), creer que la población podrá incidir en los temas
más urgentes del país es un mero romanticismo. La pugna por el excedente está
donde se producen las bases materiales de la sociedad, no en las decisiones
sobre cómo el Estado manejará sus recursos.
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Titular de La
Jornada: "En dos meses se agotará el inventario de medicamentos
antirretrovirales". Aun en México, que tiene uno de los sistemas
presupuestarios más innovadores de la región, persisten problemas para la
adquisición de medicamentos. Es que el presupuesto, independientemente de cómo
se formule (si por Áreas de Gestión o por Programas), no resuelve las
deficiencias que se originan en la gestión de este. Y menos solucionará
los conflictos de poder que orbitan alrededor del dinero público.
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Percibo una
tendencia entre los economistas que estudian juiciosamente las finanzas
públicas, a querer desconectar el comportamiento de los ingresos y egresos del
Estado de la actividad productiva. Al hacer esto, olvidan que los ingresos
públicos son el resultado (y no la causa) de la producción, con lo cual
terminan pensando que el buen (o mal) desempeño de los ingresos se debe a
fórmulas mágicas que se ponen en práctica en las direcciones tributarias, y no
a la puesta en marcha de las fuerzas productivas.
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No debería
sorprendernos que en un país en el que aún existe la monarquía, exista un
abierto rechazo por la eutanasia. Asistir en la muerte a una persona que desea
acabar con su vida, y más si se tiene un afecto por ella, no es un acto de
cobardía ni un acto vil, sino uno de profundo amor.
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En general, el
oficio del economista puede dividirse entre aquellos que explican la realidad y
los otros que la pronostican. Ambas cualidades pueden convivir en una sola
persona: no son compartimentos estancos. Pero cuando se trata de hacer
prognosis social, la mayoría de los economistas olvidan la explicación que
subyace a un pronóstico. Esta es, hasta donde yo he podido observar, la norma.
Por eso la disciplina se ha convertido en una suerte de ciencia de la profecía,
o como decía Joan Robinson, en una rama de la teología.
