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Este 27 de marzo los salvadoreños cumplimos un año
bajo el régimen de excepción. La fecha casi coincide con otro aniversario, un
11 de marzo, el primer año de la llegada de Gabriel Boric Font como presidente
de Chile. Los dos sucesos están unidos desde las antípodas: en ese marzo, mientras
en Chile ascendía una fuerza de izquierda democrática, en El Salvador se
instauraba el retorno de las fuerzas derechistas fascistizantes. Entre Boric y
Bukele—ambos jóvenes, ambos reacios a las corbatas—, se marcan los dos polos
entre los que se mueve el péndulo político en América Latina hoy.
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El paisaje de nuestro país después de un año de
régimen de excepción se describe, más o menos, así: 65,000 personas detenidas
—posiblemente 1 de cada 3 de estas personas detenidas siendo inocente—, el país
con la tasa de población carcelaria más alta de América Latina —si no es que
del mundo—, cientos de personas torturadas y fallecidas en las cárceles, una
masa aun imponderable de personas acosadas por las fuerzas de seguridad.
El régimen de excepción se convirtió, pues, en un
sinónimo de fabricar presos. El Salvador pasó de ser reconocido por expulsar a
su gente a ser reconocido por encerrarla.
Sin embargo, el paisaje que deja el régimen de
excepción se completa con una pieza capital: la de cientos de comunidades
liberadas del yugo violento de las pandillas. Y, por este motivo, el régimen
cuenta con un amplio apoyo popular. Las razones son fáciles de comprender: la
fuerza policial y militar degradó el control que las pandillas tenían en
numerosos territorios del país. Comunidades otrora sujetas a la espada de estos
grupos delictivos, ahora pueden disfrutar libremente en sus calles. Disfrutar
libremente significa, en nuestro país, no recibir amenazas de muerte, no
sentirse perseguido, no ver cadáveres por las aceras, no pagar renta. Testimonios
dan cuenta de ello, como el de dos comunidades que jugaron un partido de fútbol
en una cancha donde nadie podía poner un pie ni gritar un gol. O, por ejemplo, el
que le escuché a un señor cuyo hermano
había muerto en una cárcel luego de una golpiza: mi hermano ya no está, pero
mis hijos pueden salir a jugar en la esquina del pasaje.
El visto bueno que recibe el régimen de excepción se
explica por una paradoja: la de haber negado derechos para propiciar, al menos momentáneamente,
otros que estuvieron vedados por las pandillas.
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Mientras el
régimen de excepción encarcela a mansalva y viola derechos humanos, la
maquinaria propagandística exhibe nuestras playas y la utopía cripto de
convertir a El Salvador en un paraíso de la libertad. Vuelve el país de las dos caras que describió
Roberto Turcios en Autoritarismo y modernización. Frente a la represión
y la tortura, el anhelo de progreso. Una le hace muecas a la otra.
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Con abundantes artimañas publicitarias, Bukele y sus
asesores han hecho del régimen de excepción un relato convincente para quien el
Estado de derecho significa algo parecido a la nada. La lógica parece
inapelable: si con más Estado de derecho las pandillas proliferaron en nuestros
territorios, entonces eliminemos el Estado de derecho para exterminarlas.
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Como todo
relato, el del régimen de excepción también tiene símbolos y monumentos. El llamado
Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) funge el papel de ser la
apoteosis de la venganza anhelada, el ojo por ojo que esta sociedad reclama. La
brutal puesta en escena de los pandilleros acorralados dentro del CECOT le
recordó a Juan José Millás la carne de pollo envasada de los supermercados. «Lo
que nos impresiona de esta imagen de presos de El Salvador es que nos devuelve
a la pura condición de carne, como si esas personas sólo estuvieran
constituidas de tendones y músculos y ganglios, como si en su composición no
hubiera un solo átomo de carácter anímico» escribió el autor de Vidas al
límite.
Ver a los pandilleros despojados de su vestimenta,
rapados y ubicados como objetos producidos en serie, eriza la piel no porque
despierten conmiseración, sino porque evocan la degradación social que los
produjo y la miseria del Estado que los exhibe como cosas. «Se lo merecen»,
suelen decir las personas en pláticas cotidianas. En esa frase hay una victoria
de la demagogia que espanta.
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El régimen de excepción ha sabido socavar las pruebas
que incriminan a Bukele y su círculo con negociaciones con las pandillas. El 26
de marzo de 2022, el día más violento del siglo, fue producto del rompimiento
de estas negociaciones. El regreso de la bala y la bota a nuestras calles fue
la respuesta a la disolución del pacto. El paradero de los líderes pandilleros
es desconocido, aunque se supo que gozaron de privilegios auspiciados por el gobierno.
A algunos los sacaron del país. La tranquilidad en las calles es la moneda de
cambio de la mentira gubernamental. Mientras en la calle haya paz, las mentiras
se disolverán.
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Volvamos a Chile. En un texto por su primer aniversario,
Gabriel Boric escribe que «las personas vivan y se sientan seguras nos parece
un derecho habilitante para el ejercicio de otras libertades». Sin embargo,
también añade: «el límite de la acción política radica en el respeto a los
derechos humanos». A un año del régimen de excepción, nuestro país se encuentra
en una encrucijada. Mientras nuevos derechos parecen habilitarse para miles de
personas, otros se cierran impunemente. La libertad les llega condicionada.
Nuestro país ya superó con creces el límite del respeto a los derechos humanos.
El autoritarismo roza la dictadura. La política de seguridad es la política del
miedo y del sometimiento. Veremos qué sucederá cuando esta excepcionalidad
termine, o, mejor dicho, cuando esta nueva normalidad mute. Cuando nos demos
cuenta de que esta paz aparente se está forjando no con más, sino con menos
democracia. Cuando de esta espiral de violencia, matonería y abusos empiecen a
surgir sus propios monstruos.
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