Llevo algunos días viendo entrevistas grabadas en los primeros
años de la posguerra. Entrevistas a hombres y mujeres que, al final del
conflicto armado, rondaban los treinta, acaso treinta y cinco años. Muchos
regresaban del exilio; otros trataban de recomponer sus vidas entre las ruinas de
una paz reciente. Artistas, médicos, ingenieros, filósofos: poco importaba la
profesión. Todos compartían un privilegio que a quienes hoy rozamos esa misma
edad nos resulta cada vez más lejano, casi exótico: una vivienda propia.
No pretendo generalizar. Pero háganse el ejercicio. En esas
entrevistas, a menudo aparecen en su casa. No importa si fue heredada o
comprada; lo que cuenta es que ya tenían un lugar que podían llamar suyo. Un
techo, un espacio íntimo. Hoy, en cambio, las entrevistas suelen ocurrir en
cafés, en plazas, en escenarios prestados. Tal vez se deba a una estética, a
una convención visual o a una mera comodidad. Pero no deja de ser sintomático:
nos cuesta más tener un lugar propio, y no siempre lo decimos en voz alta.
Sé que hay una infinidad de razones para explicar esta
diferencia generacional. Tampoco pretendo descubrir el fuego. Que a nuestra
generación le cuesta cada vez más adquirir una casa respecto a la de nuestros
padres es un hecho. Pero me queda la sensación —incómoda, persistente— de que
es un fenómeno que sentimos como algo injusto, incluso como una pérdida, pero
al que no le hemos dedicado la reflexión estructural que merece.
Los economistas —y me incluyo— tendemos a explicar el fenómeno
como una falla de mercado: cuando no hay competencia suficiente, los precios
suben. En este caso, el gran ausente es el Estado. Sin políticas públicas para
garantizar el derecho a una vivienda digna, sin límites a la especulación, el
mercado impone sus propias reglas. Joan Robinson decía que muchos economistas
se concentran en disertaciones elegantes sobre problemas menores, mientras
evitan mirar de frente las realidades más desagradables. Y una de esas
realidades es que hemos normalizado que un techo sea un privilegio y no un
derecho.
Claro que eso es solo una parte del problema. La otra tiene
que ver con una fractura más profunda: somos un país partido en dos. El llamado
"boom inmobiliario" que vivimos no está pensado únicamente para los
salvadoreños que habitan aquí, sino para esos tres millones que viven fuera. A
veces lo olvidamos, pero un tercio de nuestra población reside en el
extranjero, y sobre todo en Estados Unidos, donde una cuota mensual de 1,200
dólares no resulta impagable. Son casas diseñadas para ese otro mercado —el de la
nostalgia, el del retorno imaginado—, que también tiene sus límites. Y cuando
esos límites aparezcan, se desinflará la burbuja.
Hay muchas más aristas, difíciles de resumir en pocas líneas, pero
una de ellas tiene que ver con las dinámicas del trabajo. Por ejemplo, no solo
importa la estrechez de nuestro mercado en términos de compradores potenciales,
sino la precariedad de nuestros ingresos. Y no basta con ver el salario
nominal: hay que mirar las condiciones de empleabilidad. Los bancos frotan las
manos si sos empleado público con plaza fija. Dudan si trabajás en la empresa
privada: hoy estás, mañana no. Y ni hablar si sos freelance o trabajador
independiente: tu signo es la volatilidad, sin importar que tus ingresos
superen los de los otros dos. En esas condiciones, adquirir un crédito con buenos
términos es solo un sueño.
Y no olvidemos que también hay transformaciones culturales en
juego. Seguimos deseando una casa, sí, pero no necesariamente para vivir solos.
Nuestras relaciones han cambiado: las parejas son menos estables, los hijos
menos numerosos, los afectos más líquidos. Compartir casa con amigos ya no
parece extravagante. A veces es incluso deseable: una forma distinta de vivir y
resistir.
Una pareja de amigos compró hace unos años una casa en las
afueras de la capital. Les pregunté cómo les estaba yendo en su nueva casa, qué
sentían ahora que tenían un espacio propio, un punto de arranque para su nueva
vida de casados. Sin mucha emoción me dijeron que más que una casa, lo que
tenían era un lugar donde dormir. Se levantaban a las cuatro de la mañana para
llegar a sus trabajos. Solían regresar a las 9 de la noche, porque evitaban el
tráfico de vuelta. Alguna gente dirá que es una queja, que tener una casa
también implica sacrificios, pero el punto es que ese sacrificio debería ser
una excepción y no la norma. Después de todo, como dijo uno de los personajes
de Muerte de un viajante de Arthur Miller: «trabajas durante toda la
vida para pagar una casa, y cuando por fin es tuya no queda nadie para vivir en
ella».
La crisis de vivienda que atravesamos no es un accidente ni
una anomalía: es la cristalización de un modelo social y económico que fracasó.
La vivienda —ese lugar desde donde se planifica la vida— se ha convertido en un
privilegio. La dificultad de conseguir una se convirtió en el signo de una
generación – mi generación. En ella vemos los muchos males que arrastramos como
sociedad. La falta, por ejemplo, de políticas públicas que pongan en su centro
a la vida y no al lucro, o el profundo estancamiento salarial que vivimos, o el
de nuestra condición perenne de ser migrantes.
Por eso dolió —y con razón— el escándalo de los créditos
blandos otorgados a funcionarios para levantar sus mansiones. Fue una bofetada
a la decencia. Una prueba flagrante del cinismo institucionalizado. Que no se
nos olvide. Que no lo dejemos pasar.
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